“La actual regulación de las asociaciones de fieles va contra sus derechos”, entrevista a Jorge Castro
Jorge Castro es profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. En sus escritos recuerda que el Concilio Vaticano II cambió la forma de entender la Iglesia y denuncia que el derecho canónico no ha hecho suyo ese cambio. Eso provoca un concepto de autoridad eclesial que no respeta el derecho de los fieles. Se tiende a pensar que la Iglesia son sus estructuras y sus instituciones. La vida de los fieles no consiste en poder participar en esas estructuras. Hay un modo, según Castro, de entender la sinodalidad que es clerical. El profesor de Navarra en esta entrevista con www.paginasdigital.com sostiene que el Decreto de junio de 2021 que regula las asociaciones de fieles es contrario a los principios del derecho.
Sostiene en uno de sus últimos artículos que en la Iglesia, en este momento, falta respeto por los derechos de los fieles.
No hay sensibilidad porque, en el fondo, el derecho en la Iglesia se piensa desde el punto de vista de la autoridad. Se considera que el derecho es la ley justa promulgada por el legislador —que es el Papa para las leyes universales y los obispos para las leyes particulares—. Falta sensibilidad hacia los derechos de los fieles porque no se ha aprendido la sensibilidad de los derechos naturales. Ese aprendizaje sí se ha desarrollado en el ámbito civil. Hay cosas que hay que purificar en el ámbito civil, pero en ese ámbito hay una dinámica de la que tenemos que aprender. Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, elaboró un catálogo de derechos naturales que propuso para las sociedades civiles. Pero no debemos olvidarnos de que también convocó el Concilio Vaticano II e impulsó la reforma del derecho canónico. Creo que Juan XXIII tenía la intuición de que la reflexión que se estaba haciendo en el ámbito de las sociedades civiles requería repensar qué ocurre en el interior de la Iglesia.
Pero usted llega a afirmar que incluso hay episodios de autoritarismo en el derecho canónico. ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, al intento que hubo de suspender el principio de irretroactividad de la ley penal. O a que se depongan algunos obispos sin ningún proceso, simplemente porque han tomado una serie de decisiones que no gustan. Decisiones que no son, en ningún caso, constitutivas de delito. Hoy, un fiel que desea reclamar un derecho que considera lesionado por un obispo en su diócesis tiene que ir a Roma. Eso no es un acceso racional a la justicia: requiere tiempo, mucho conocimiento y una distancia desproporcionada.
¿Por eso critica una comprensión de la autoridad que se ejerce por el bien de los fieles pero sin el reconocimiento de sus derechos?
La autoridad, entendida como servicio a los fieles, desde el punto de vista teológico, está absolutamente asimilada. Pero desde el punto de vista canónico, se tiene una concepción de la autoridad que no está al servicio de los fieles. No es una autoridad que se sienta obligada por derechos que ya están vigentes y que condicionan la validez de sus decisiones. Por ejemplo, ha habido una reducción del derecho de asociación en un decreto firmado por el Papa Francisco, procedente del Dicasterio para la familia, la vida y los laicos. Es un decreto que restringe un derecho, el derecho de asociación, impidiendo que los mismos fieles puedan organizar su modo de gobierno dentro de esa asociación.
¿Se refiere al Decreto de junio de 2021?
Sí. En ese Decreto se establece que los mandatos en el órgano central de gobierno a nivel internacional pueden tener una duración máxima de cinco años cada uno, prorrogables por otros cinco años. La razón que da el mismo Decreto es que ha habido numerosos abusos en muchas instituciones. Pero hay un principio que procede del derecho romano, que está en el ámbito del derecho natural, que asegura que abusus non tollit usum, el abuso no es motivo para quitar el uso. La autoridad tiene toda la competencia para iniciar un proceso, vigilar e incluso decretar, mediante sentencia, quién es responsable de qué cosa y establecer las consecuencias. Pero no para quitar y recortar el derecho de asociación de los fieles del mundo entero, de forma indefinida.
¿Ese decreto vulnera los derechos de los fieles?
Sí, porque es una restricción injustificada. Como ha habido determinados abusos, se les quita a todos un derecho. Eso carece de sentido. ¿Por qué la autoridad no reconoce que ha cometido una omisión al perseguir determinados delitos?
¿El problema es de la autoridad, no de los fieles?
Si reconoces que ha habido abusos, tienes que pensar en cuál ha sido tu reacción. La reacción, ¿ha sido eficaz? ¿Has puesto los medios para que esos abusos, donde se estaban cometiendo, se paralizaran o no se repitieran? ¿Por qué no trasladar esto al ámbito de lo justo, de lo que a cada uno corresponde y no al ámbito de que, como puedo hacer una cosa, la hago?
La crisis de los abusos provoca, me parece, un reforzamiento de la concepción de la autoridad como una instancia que debe vigilar.
Fue precisamente ver el derecho desde una perspectiva de la autoridad lo que hizo que hubiera abusos.
¿Por qué?
Porque al tener conocimiento de muchos delitos, la autoridad, dejando al margen los derechos de las víctimas, pensó que podía gestionar el problema de modo pastoral, enviando a los sacerdotes a otro lado. Ahí no importaban los derechos de las víctimas. La autoridad no se sintió obligada por el derecho de las víctimas. En el fondo, todo lo que sea reforzar el sistema judicial en la Iglesia da objetividad y pone en el centro los derechos de los fieles. Reforzar el poder judicial hace que la autoridad empiece a verse obligada por los derechos de los fieles que no puede dejar sin reparar.
El cardenal Ouellet asegura que el derecho canónico no tiene todavía sensibilidad para nuevas realidades más carismáticas. Por ejemplo, los movimientos eclesiales. ¿En qué puede consistir esa mayor sensibilidad del derecho canónico?
En el fondo existe el peligro de identificar lo eclesial con lo público. Y entiendo por lo público lo decidido por las autoridades establecidas. Por la curia diocesana, por la curia romana, por el obispo, por el Papa. Esto es una reducción. Lo eclesial no es lo institucional, lo eclesial son los fieles: esta es la primera y más alta concepción de lo eclesial. Hay que ver todo lo público como una realidad al servicio de los fieles. Un fiel tiene libertad de asociación. Si esa libertad concurre con otras libertades y alcanza una configuración jurídica, esa configuración sigue estando en el nivel de los fieles. Sigue siendo libertad de los fieles por mucho que sea una libertad compartida, organizada e institucionalizada. Lo que se pide a la Iglesia es que garantice la eclesialidad de los movimientos, pero reconociendo que todos los fieles tienen derecho a que los estatutos que presenten sean reconocidos como tales si no hay ningún inconveniente de eclesialidad: es decir, si se asume absolutamente la integridad del vínculo de la fe, la vida de los sacramentos, de la caridad.
Sigue habiendo una mentalidad que piensa que la jerarquía es la que suscita la vida de los fieles.
Y la sinodalidad, me parece, acentúa todo esto.
Pero en principio la sinodalidad va en la dirección contraria.
No. Cuando uno estudia lo que están proponiendo los eclesiólogos oficiales, se ve una disolución de la libertad del fiel. El punto de partida es el conflicto. Hay tensiones en la Iglesia. Esas tensiones, ¿cómo se resuelven? Integrando a cada uno en un grupo y llegando a un consenso. Pero la libertad de una persona tiene que ser ejercida adecuadamente, no sustituida. La libertad no es un problema, es un bien.
¿Hay una comprensión de la sinodalidad que es clerical?
Es la predominante. ¿Por qué es clerical? Porque se traslada toda la riqueza de los fieles a un ámbito institucional donde la persona acaba sumergida en el colectivo y se afirma que el todo es superior a la parte. Esto va en contra de toda la doctrina social de la Iglesia que dice que las estructuras e instituciones están al servicio de la persona.
Me parece que en los textos hay un cambio de sensibilidad. La Exhortación Apostólica Christifideles laici de Juan Pablo II, publicada tras el Sínodo de 1987, subrayaba que «el derecho de asociación de los fieles laicos es algo esencial para la vida de comunión y para la misión de la propia Iglesia». El Decreto de 2021 afirma que «la Iglesia reconoce el derecho de asociación de los fieles y protege su libertad para fundarlas y dirigirlas» y luego añade: «El gobierno en las asociaciones […] debe sin embargo ejercerse dentro de los límites establecidos por las normas generales de la Iglesia».
Hay que tener en cuenta la noción de fiel y la noción de Pueblo de Dios. Luego está la función que cada uno desempeña, pero la prioridad ontológica la tienen los fieles. Todas las demás funciones están al servicio del ser propio de los fieles. Eso está en la Lumen Gentium. Fue malinterpretado por la Teología de la Liberación, que siguió viendo el derecho desde el punto de vista de la autoridad: no eran el Papa ni el obispo los que debían decidir, sino todos los fieles. El problema es que, con este enfoque, el derecho canónico entiende el derecho como un producto del poder. La Teología de la Liberación lo único que postulaba era un cambio en los sujetos titulares de la potestad. El verdadero cambio que tiene lugar en el siglo XX es que todo poder, ya lo ejerza uno, unos pocos o muchos, está sujeto a una realidad que determina su validez: la dignidad humana. Y la dignidad humana no es un principio; son los derechos que le corresponden a cada uno.
Esto también rige para la Iglesia. Reconocerlo es perder la sacralidad con la que a veces se ha rodeado la autoridad en la Iglesia, porque es una institución divina. La Iglesia es una institución divina, pero eso no legitima ni diviniza cada una de sus decisiones. Hay cierto vértigo ante la posibilidad de que se vea comprometida la validez de muchas decisiones del Papa. ¿Y qué pasa si el Papa se equivoca? Todavía no lo hemos asimilado. Ahí está el Concilio Vaticano II, pero falta un derecho que aún no está desarrollado.
El sujeto del derecho es la autoridad y no la dignidad de la persona.
Este es uno de los problemas que presentan muchas versiones eclesiológicas actuales de la sinodalidad. No tienen la virulencia de la Teología de la Liberación, pero sí asumen muchos de sus postulados. Se reduce toda la rica noción del Pueblo de Dios al derecho a participar en las decisiones. Y es mucho más. Se ha perdido la distinción entre societas y communitas. Una distinción que está en la doctrina social de la Iglesia: el Estado no totaliza toda la riqueza comunitaria, no canaliza, no articula ni agota toda la riqueza de relaciones que hay en una sociedad. Y por eso se dice que una cosa es la sociedad civil y otra, el Estado. El Estado es más reducido que la sociedad civil. Esto en la Iglesia significa que, por un lado, está la societas, que equivaldría al organismo público, y luego está la comunitas, que es el conjunto de las relaciones que existen en la Iglesia y que son mucho más amplias que las oficiales. Desde hace tiempo ha dominado el concepto de societas. Existen estructuras, instituciones, pero no podemos mantener que agotan de forma exhaustiva la Iglesia. La realidad de los fieles va más allá de que se cumpla con la norma; hay una riqueza en los fieles.
¿Por qué dice que la libertad que la Iglesia pide a los Estados es una libertad que falta en la Iglesia?
Estamos arrastrando el modo en que, durante siglos, la Iglesia tuvo relación con el ámbito temporal civil. La modernidad a la Iglesia se le atraganta un poco; no en el aspecto doctrinal o teórico, pero sí en la práctica. Una vez que cae el Imperio y surgen los Estados, la Iglesia ve peligrar el equilibrio que existía entre la Iglesia y el Imperio. Entenderse con el emperador era fácil: las cuestiones espirituales quedaban para la Iglesia y las temporales, para el emperador. Cuando surgen los Estados y la teoría moderna de la soberanía, la cosa se complica. La soberanía no admitía ningún otro poder dentro de las fronteras de cada Estado. La libertad de la Iglesia corría peligro. Los obispos lo tenían más difícil dentro de las fronteras de cada Estado. Y entonces se desarrolla una teoría para reforzar el poder del Papa porque se entendía que era el único modo de garantizar la libertad de toda la Iglesia. Se cargan las tintas y se identifica mucho a la Iglesia con la jerarquía y con el Papa.
Con Francisco Suárez (siglo XVI) se dice: «Hay dos órdenes: el orden natural y el orden sobrenatural; hay dos fines últimos para el hombre». Y hay un reparto: del orden natural se encarga el Estado; del orden sobrenatural, la Iglesia. El objetivo era garantizar la libertad de la Iglesia en el orden sobrenatural. Como consecuencia de todo esto, la Iglesia pierde el contacto con la realidad de la creación: lo sobrenatural no se entiende como plenitud de lo natural. De esta posición surge la filosofía moderna que no necesita a Dios para abordar el ámbito natural. Por eso, De Lubac, que era uno de los grandes teólogos del siglo XX, decía que fue la teología católica de la modernidad la que dio inicio al ateísmo contemporáneo. Mucha teología del siglo XX, que preparó el Concilio Vaticano II, empezó a solucionar el problema de los dos fines, pero eso no llegó al derecho en la Iglesia.
Volvemos al principio: a la falta de sensibilidad hacia los derechos de los fieles. Si el orden natural y el sobrenatural son diferentes, la Iglesia, que pertenece al orden sobrenatural, no tiene por qué respetar los derechos que se deducen del orden natural. ¿Es eso lo que quiere decir?
Durante el siglo XX tuvieron lugar dos guerras mundiales. Hasta ese momento todo el poder giraba en torno a las estructuras de los Estados. Pero hubo leyes que decían que una persona no era persona. Se vio que el legislador no garantizaba el orden. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dignidad humana se pone por encima de las instituciones. Esto descoloca a la Iglesia. Se pone como criterio de validez de toda actuación pública la justicia y los derechos de las personas: ahí están las constituciones y los tratados internacionales con sus catálogos de derechos fundamentales. Esto se ha conseguido en el ámbito civil. El problema es que la Iglesia no acepta, después de siglos de inercia, que el ejercicio de la autoridad pueda ser calificado como justo o injusto, válido o inválido, en función de si respeta o no respeta una realidad previa: los derechos que todo fiel tiene procedentes de la creación y los derechos que todo fiel tiene procedentes del bautismo. Para mí, la solución es ver el derecho canónico no como producto de la autoridad, no en la norma, ni en el acto administrativo, sino en la realidad. Y cuando hablo de realidad, me refiero a la dignidad humana o a la dignidad de los fieles. La autoridad tiene buena intención y quiere dar normas justas. Pero hay un estrechamiento, un cuello de botella que no canaliza toda la reforma que ha descubierto el Vaticano II.
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